La
Resolución de la Comisión Constitucional del Congreso que obtuvo el voto
unánime de todos los grupos parlamentarios (20 de noviembre de 2002) afirma:
"Nadie
puede sentirse legitimado, como ocurrió en el pasado, para utilizar la
violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas y establecer
regímenes totalitarios contrarios a la libertad y a la dignidad de todos los
ciudadanos, lo que merece la condena y repulsa de nuestra sociedad
democrática".
Asimismo,
en ella se habla del deber de nuestra sociedad democrática de "proceder al
reconocimiento moral de todos los hombres y mujeres que fueron víctimas de la
guerra civil, así como de cuantos padecieron más tarde la represión
franquista".
Añade:
"Cualquier iniciativa promovida por las familias de los afectados que se
lleve a cabo en tal sentido, sobre todo en el ámbito local, deberá evitar que
sirva para reavivar viejas heridas o remover el rescoldo de la guerra
civil".
